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6Me Gusta Top All This PageEl 6 de abril fue la fecha escogida por la Registradur a para que los electores decidan si el mandato de Petro se renueva o no. / Alcald a de Bogot . El Consejo de Estado no estar a dispuesto a respaldar la tesis que Gustavo Petro y sus asesores han afirmado desde que el alcalde fue sancionado por la Procuradur a el pasado 9 de diciembre: que el procurador general de la Naci n no tiene la potestad de destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por el voto popular. Esa es una de las conclusiones que se leen en el proyecto de fallo que ayer, en Sala Plena, el magistrado Guillermo Vargas Ayala comparti con sus colegas. En un documento de 177 p ginas, conocido en su totalidad por este diario, el magistrado Vargas se al que esa competencia s hace parte de los deberes que tiene el Ministerio P blico y que, adem s, no va en contra de la Convenci n Americana sobre Derechos Humanos, como tambi n sostienen los petristas.

Ese, sin embargo, es uno de los pocos rounds que la Procuradur a podr a ganar ante el Consejo de Estado, en cuanto al caso Petro se refiere, si los otros 24 magistrados que hoy conforman la Sala Plena de esta corporaci n apoyan la posici n esgrimida por Vargas. En su documento, este magistrado se ala tambi n que el procurador Alejandro Ord ez no viol la presunci n de inocencia del alcalde y que tampoco se comprob que se viera afectada su imparcialidad. No obstante, a la hora de escrutar los detalles de la sanci n disciplinaria que la Procuradur a aplic contra Petro, el organismo no sale muy bien parado. A la larga, en el proyecto de fallo se concluye que el derecho del alcalde al debido proceso, tan fundamental y sagrado como es, fue violado.

Los siguientes fueron los cargos que la Procuradur a le endilg a Petro para sancionarlo y que, minuciosamente, estudi Vargas. Pero las conclusiones del magistrado resultaron en una orilla opuesta a las del organismo de control.

N mero uno: Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio p blico . N mero dos: Haber expedido el Decreto 564 del 10 de diciembre de 2012, mediante el cual se adopt un esquema de prestaci n del servicio p blico de aseo en la ciudad de Bogot totalmente contrario al ordenamiento jur dico . N mero tres: (Con) el Decreto 564 (.) se origin un riesgo grave para la salud humana de los habitantes de la ciudad de Bogot y para el medio ambiente .

Seg n la Procuradur a, la firma de los contratos interadministrativos entre la Empresa de Acueducto de Bogot , la Unidad Administrativa Especial de Servicios P blicos (Uaesp) y Aguas de Bogot constituy una falta grav sima. El magistrado Vargas,
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sin embargo, se al que el Ministerio P blico se hab a centrado en demostrar que Petro estaba detr s de esas decisiones lo que, asegur , era bastante obvio y tampoco era una falta en s pero, en cambio, fund su criterio en medios de prueba no aptos (y) omiti apreciar las evidencias que se alan la falta de responsabilidad del disciplinado . En otras palabras, se lee en el proyecto de fallo, con respecto al primer cargo las evidencias de que Petro cometi una falta brillan por su ausencia.

Sobre el Decreto 564 de 2012, con el cual Petro cambi el esquema de recolecci n de basuras de Bogot , el magistrado Vargas le dio la raz n al alcalde: el haber dise ado y ejecutado una pol tica p blica no es una falta disciplinaria. Seg n el documento, con la decisi n de sancionar a Petro por haber emitido ese decreto, la Procuradur a excedi los l mites del derecho disciplinario al no haber logrado demostrar que Petro, efectivamente, hab a transgredido la obediencia, disciplina y rectitud que son los valores que el Estado exige a los funcionarios p blicos a la hora de poner en marcha pol ticas que est n relacionadas con la prestaci n de un servicio p blico.

Por ltimo, con respecto a los efectos que las decisiones de Petro tuvieron sobre el medio ambiente, el proyecto de fallo subraya la violaci n al debido proceso que all habr a ocurrido: ni a la defensa del alcalde ni al equipo t cnico del Distrito se les permiti conocer las credenciales profesionales y t cnicas ni la metodolog a que ten a el perito de la Procuradur a, quien dedujo t cnicamente que en Bogot hab a ocurrido una emergencia sanitaria entre el 18 y 21 de diciembre de 2012. Incluso, el documento calific las pruebas de ileg timas . La Procuradur a asegur en su decisi n que Petro hab a actuado con dolo, es decir, consciente de que violaba las leyes. El proyecto de fallo refuta tal aseveraci n.

En su documento, el magistrado Vargas advierte que si bien la Procuradur a tiene autonom a para aplicar sanciones, ello no quiere decir que sus decisiones no puedan ser examinadas con lupa, sobre todo si hay derechos fundamentales en juego. Este proyecto de fallo se sali de las cuentas de los petristas, quienes aseguraban que el Consejo de Estado era la casa del procurador y que, seguramente, desestimar a los argumentos del alcalde. Falta, sin embargo,
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que haya una decisi n de fondo. En los pasillos del Palacio Li vano ya son pocos los que se atreven a hacer c balas sobre cu l va a ser el resultado final de esta historia.