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El futuro de esta compaia y de la industria exportadora en general y sus 250.000 empleados dependerá de lo que haga el gobierno para estar a la par con las preferencias arancelarias de la que gozan otros países”, asegura Juan Carlos Carbeletta, gerente de Industrias Integradas, una empresa de Cali que maquila 6.000 docenas semanales de ropa interior femenina y que emplea a más de 800 mujeres en sus filas.

Y no exagera el empresario caleo. De ahí que lograr la prórroga y ampliación de los beneficios conocidos como Atpa (Andean Trade Preference Act), por los cuales Estados Unidos otorga preferencias arancelarias a una variedad de productos exportados de la región andina excepto Venezuela , se ha convertido en la tarea más inmediata de la diplomacia colombiana en Washington. Este régimen especial, que beneficia aproximadamente a 6.000 productos colombianos, entró en vigencia en 1991 y vence el próximo 4 de diciembre. El interés del gobierno colombiano y de los exportadores es que se prolongue indefinidamente o hasta cuando entre en vigor el proyectado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (Alca) que discutieron los presidentes del continente el fin de semana pasado en Quebec, Canadá.

Solamente el ao pasado se exportaron bajo Atpa cerca de 853 millones de dólares, de los cuales 491 corresponden a la venta de flores. Los 382 millones de dólares restantes obedecen a exportaciones de productos tan disímiles como pelucas, escobas, prótesis, cerámicas, espárragos y hasta piezas dentales.

“Hasta ahora hemos sido competitivos en el mercado gringo gracias al cero arancel que pagamos por entrar. Pero si no se renueva el acuerdo podemos perder posiciones frente a los productores mexicanos, hondureos y panameos”, afirma Mónica Ospina, gerente de mercadeo de Arcoaseo Ltda., empresa que exporta escobas y traperos a Miami, Nueva York y San Juan de Puerto Rico.

Igual preocupación comparten los floricultores del país. De no renovarse el Atpa deberán pagar un impuesto del 7,5 por ciento sobre el envío de sus flores. Esto les acarrearía un sobrecosto de 35 millones de dólares anuales, imposible de trasladar al comprador final. “Esto sería la muerte. Los márgenes de utilidad de toda la cadena se reducirían y se perdería la ventaja competitiva que tiene Colombia frente a países también cultivadores como India, Pakistán, Suráfrica y Zimbawe”, asegura Miguel Camacho, subgerente de la Asociación Colombiana de Floricultores, Asocolflores.

El esfuerzo conjunto de gobierno y sector privado colombianos en Washington ya está dando resultados. Según diversas fuentes consultadas por SEMANA en esa ciudad, el proyecto de ley presentado al Congreso por el senador Bob Graham, que pretende renovar y ampliar el Atpa, tiene muchas probabilidades de convertirse en ley. El Atpa es una especie de compensación por la lucha contra el narcotráfico y el tema ha adquirido gran sensibilidad en la opinión estadounidense. Además el nuevo gobierno de George W. Bush ha declarado su total respaldo a la iniciativa y su partido goza de mayoría en el Congreso.

Aunque fuentes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr) aseguran que aún no han contado cuántos congresistas apoyarían el proyecto de Graham todo indica que una mayoría estaría de acuerdo por lo menos con la renovación. Será menos fácil contar con el beneplácito del legislativo para la inclusión de nuevos productos al listado de exenciones aduaneras, entre estos petróleo, azúcar, ron, aguardiente y atún en lata, pero en particular textiles y confecciones.

La idea al incluir estos productos es que Colombia pueda competir en igualdad de condiciones con México (beneficiado por el Nafta) y con los países de Centroamérica y el Caribe, que desde octubre del ao pasado disfrutan de las preferencias arancelarias conocidas como Cbtpa (Caribbean Basin Trade Preferences Act). Esta última les otorga a dichos países la posibilidad de exportar confecciones de maquila con cero arancel a Estados Unidos. Esta situación ha puesto a los confeccionistas colombianos en franca desventaja frente a sus competidores centroamericanos, ocasionándoles una pérdida de competitividad de más del 18 por ciento, que equivale al arancel sobre el valor agregado que deben pagar.

Esto resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que lo que está en juego es el futuro de la industria textil que exporta a Estados Unidos, que deja divisas al país por más de 350 millones de dólares al ao y genera cerca de 120.000 empleos directos y unos 600.000 indirectos. De los 350 millones de dólares, 250 millones correspondieron a industrias de maquila aquellas que importan insumos de Estados Unidos y exportan la confección . Muchas de éstas están ahora en aprietos, reduciendo costos mediante despidos de personal o sencillamente mudándose a Centroamérica, donde gozan de las preferencias.

Y es que a la hora de hacer sus cuentas las empresas que compran estas confecciones prefieren los productos más económicos que vienen de los países centroamericanos. Marcas de gran renombre, como Victoria Secret, Polo, Ralph Lauren, Liz Clairbone, The Limited e Yves Saint Laurent, que hoy fabrican sus productos en Colombia, comienzan a cancelar sus contratos con las empresas locales o a disminuir sus niveles de pedidos. Hace poco la firma estadounidense Inner Secret, para la que la firma bogotana Qualitex maquilaba confecciones de Victoria Secret, dio por terminado su contrato tras alegar que podía conseguir productos más baratos en sus plantas en México y República Dominicana. Esta pérdida implicó para Qualitex la reducción de 50 puestos de trabajo y la parálisis en la consecución de nuevos contratos. Lo mismo sucedió con Supertex de Cali, a la que AH Schnider, uno de sus principales clientes en Estados Unidos, decidió cancelarle pedidos equivalentes a 800.000 unidades anuales. “En vista de la diferencia arancelaria que registran las prendas colombianas las empresas confeccionistas del país empiezan a perder a sus mejores clientes”, asegura Marcela Llinás, de industrias Gef.

Un poco mas alla

Pero además de lograr una paridad con Centroamérica a nivel arancelario como lo contempla el proyecto de Graham el gobierno colombiano busca que los congresistas flexibilicen los porcentajes de insumos estadounidenses que hoy exigen a las maquilas beneficiadas por las preferencias del Caribe y Centroamérica. Como la industria textilera y de confecciones de los países andinos es diferente a la centroamericana o caribea, los requerimientos de un acuerdo de preferencias con la región andina deben variar. Por ejemplo, en algunos casos el fabricante puede usar más algodón estadounidense pero menos telas de ese país. Así mismo se busca que se amplíen los tipos de tejidos y confecciones cubiertos por el nuevo régimen de Atpa.

Estas y otras razones de carácter técnico se han convertido en la principal arma de Colombia ante Washington. Además de hacer lobby en cada rincón del Congreso, la diplomacia comercial del país se reúne con coaliciones de empresarios estadounidenses que de una u otra manera se benefician del comercio bilateral entre ambas naciones. Por ejemplo, en varias ocasiones, funcionarios y empresarios se han sentado a la mesa con transportadores, empacadores y vendedores de Florida, cuyos negocios dependen, en buena medida, de la comercialización de las flores colombianas. También han sostenido reuniones con congresistas de Texas y Florida, los estados de la potencia del norte que más exportan a Colombia. Un dato es interesante: en 1999 Colombia importó de Florida 847 millones de dólares y de Texas 549 millones.

En Quebec

Asegurar el respaldo de un renovado y ampliado Atpa es, obviamente uno de los objetivos centrales de los países andinos en la cumbre de mandatarios de América en Quebec.

Aunque esta reunión estuvo centrada en la concreción de un acuerdo para crear un área de libre comercio americana, permitió el encuentro de los presidentes andinos con el presidente Bush y fue un escenario ideal para empujar la renovación y ampliación de las preferencias comerciales como primer paso hacia la liberalización del comercio continental.

El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (Alca), que pretende unir las economías del hemisferio occidental, comenzó en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Miami en diciembre de 1994. Los jefes de Estado y de gobierno de las 34 democracias de la región acordaron la eliminación progresiva de las barreras al comercio y a la inversión hasta 2005, ao en cual se espera que terminen las negociaciones. Este fin de semana los presidentes de las Américas, reunidos en Quebec, acordaron un cronograma del proceso.

Sin embargo la entrada de Colombia al Alca es una decisión de alta política. El Atpa comienza a abrir el camino pero aún no se sabe siquiera si será renovado a tiempo y hasta dónde se amplíe. Mucho más incierto es el Alca. Sobre todo para un país como Colombia, donde los problemas de seguridad afectan de manera perversa a la inversión extranjera. Como lo advirtió hace unos meses en Cartagena la ministra de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez, “mientras el Departamento de Estado norteamericano siga recomendando a sus ciudadanos no viajar a Colombia se perderán muchas oportunidades de negocios”. De hecho, si se mira la experiencia mexicana con el Nafta, queda claro que la expansión económica no se debe a las preferencias arancelarias como tales, sino a la bonanza de inversión extranjera directa que sigue a la firma de los acuerdos.

De todos modos, a pesar de las dificultades, Colombia cuenta ahora con la oportunidad de ampliar y mejorar sus mercados. El presidente Bush está decidido a concretar la liberalización comercial en el continente y ha mostrado un especial interés en América Latina. De hecho en apenas dos meses largos de mandato ya viajó a México y ha tenido reuniones con seis presidentes del continente. Además está presentando ideas audaces y particularmente coincidentes con propuestas colombianas.

Hace unas semanas, ante un auditorio estadounidense, el embajador Luis Alberto Moreno dijo: “Necesitamos su apoyo para promover nuestras industrias legales, para fortalecer nuestra economía legal. Y la mejor manera de hacerlo es apoyando iniciativas de libre comercio”. Y la semana pasada Bush dijo ante la Organización de Estados Americanos que: “Hay un vínculo vital entre la libertad de la gente y la libertad de comercio” y que “las libertades democráticas no pueden florecer si nuestro hemisferio no construye también una prosperidad cuyos beneficios sean ampliamente compartidos”.

El camino es largo. El nuevo Atpa está todavía por concretarse, existen muchos intereses en juego y hay una cuenta regresiva de poco más de medio ao. El Alca es una meta aún remota. Falta que Bush logre que el Congreso lo autorice para negociarlo (fast track) y falta mucho más para que los países andinos estén preparados para abrir totalmente sus puertas. Aún así Colombia ha empezado este proceso con pie derecho.
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