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El ‘coco’ de la fuerza p blica

Las discusiones sobre el futuro de los militares en el marco del conflicto se tornan cada vez m s complicadas. Esta semana, 65 senadores aceptaron en segundo debate la ampliaci n de los alcances del fuero militar. A esto se le suma la aprobaci n por parte del Congreso de que el marco para la paz permita que los militares, en caso de un eventual proceso de paz, tengan acceso a las ventajas de la justicia transicional. El Ministerio de Defensa asevera que los uniformados necesitan un blindaje jur dico que les permita actuar sin presiones. Todo esto, en medio del fervor por la emblem tica Operaci n Odiseo . Los incr dulos de estas medidas, sin embargo, las rechazan por considerarlas un camino hacia la impunidad. En sus palabras, una especie de leyes de perd n y olvido.

Uno de los fantasmas que se asoman a la puerta de estas controvertidas discusiones sigue siendo el de las ejecuciones extrajudiciales. Mientras el Congreso debate si darle o no m s garant as a las Fuerzas Militares hoy con la popularidad en la cima de la monta a tras abatir a Alfonso Cano , El Espectador conoci una investigaci n del Centro de Investigaci n y Educaci n Popular (Cinep) titulada Colombia, deuda con la humanidad: 23 a os de falsos positivos. Recogiendo 961 casos ocurridos entre 1988 y 2011, a lo largo y ancho del pa s, la organizaci n jesuita expone posibles situaciones irregulares que habr an dejado 1.741 v ctimas.

En el informe queda constancia de que las presuntas ejecuciones extrajudiciales no corresponden exclusivamente a la era Uribe. El documento, sin embargo, expone una diferencia abismal de los hechos conocidos durante su administraci n en comparaci n con sus antecesores: el Cinep habla de 731 casos entre 2002 y 2010, que representan el 76% del total de las denuncias. Figura, por ejemplo, el emblem tico caso de Juan Daza Carrillo, kankuamo presentado como eleno abatido en febrero de 2004. Y en agosto de 2003 el kankuamo ver de Jes s Montero fue bajado de un bus en Valledupar; su cad ver apareci vestido de camuflado. Estos procesos fueron admitidos en octubre de 2005 por la Comisi n Interamericana, entidad que le hab a otorgado medidas cautelares al pueblo kankuamo en 2003.

[B]El primer caso rese ado por el Cinep habr a tenido lugar el 3 de octubre de 1984, en zona rural de El Jard n (Antioquia). Ese d a, Luis Fernando Lalinde fue detenido por infantes del batall n Ayacucho del Ej rcito. Desde entonces, dice el Cinep, su familia no tuvo m s que la sospecha de que Jacinto, un supuesto guerrillero dado de baja y enterrado cerca de Riosucio (Caldas), era Luis Fernando. No obstante, el reporte ascendi a 27 entre 1986 y 1990, precisamente en tiempos en que los grupos de autodefensa comenzaron a hacer presencia en la conflictiva zona del Magdalena Medio y ocurrieron execrables masacres como la de los 19 comerciantes y La Rochela. Por ejemplo, el Cinep en su informe menciona la masacre de 27 campesinos en Mejor Esquina vereda de Buenavista, C rdoba en abril de 1988. sta, como es sabido, fue perpetrada por grupos paramilitares, pero para esta ONG hay tambi n responsabilidad del Estado porque la Polic a de Buenavista se habr a negado a hacer el levantamiento de los cuerpos con el argumento de que eran guerrilleros.

En estos a os tambi n figura la muerte de tres militantes de la UP en Arauquita (Arauca) y el asesinato de una familia campesina en San Antonio (Tolima), incluido un ni o de 10 a os. En su extenso reporte de 328 p ginas, el Cinep afirma que entre 1990 y 1994 se presentaron en el pa s 111 casos,
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entre ellos el de un ni o de 8 a os el 11 de marzo de 1994, en Ibagu (Tolima). Varios campesinos, dice el Cinep, murieron a manos de supuestos integrantes de las fuerzas armadas en municipios como Barrancabermeja, San Vicente de Chucur , Gir n y Puerto Wilches (Santander); San Alberto (Cesar); Mesetas y Granada (Meta); Santa Cruz (Nari o); Ovejas (Sucre); Yond (Antioquia); San Pablo (Bol var); Medell n, Itag , Yond y Apartad (Antioquia); Barranquilla (Atl ntico); Sardinata, C chira y brego (Norte de Santander), entre otros.

Durante estos a os, el n mero de casos documentados por el Cinep fue de 94 presuntos falsos positivos . Entre ellos, la muerte del pastor evang lico Evelio P rez Ruiz y su di cono Luis Carlos P rez Mesa, el 21 de junio de 1999, en tiempos en que el Gobierno y las Farc discut an en el Cagu n unos posibles acercamientos para la paz.

En s ntesis, las denuncias incluyen a unidades castrenses en todas las regiones de Colombia. El informe no detalla cu les casos est n siendo escudri ados por las autoridades, por lo que es dif cil establecer el nivel de impunidad o de efectividad de la justicia con respecto a estas denuncias. Cada caso, por supuesto, tendr que ser revisado con lupa. No obstante, las Fuerzas Militares han insistido que no son una pol tica de Estado estos hechos que siempre ha calificado de aislados y no sin antes condenarlos.

En todo caso el informe del Cinep es un recordatorio de que un tema como el de los falsos positivos no deber a pasarse por alto en las discusiones de hoy.

El fuero militar dentro del Marco Legal para la Paz

El debate sobre la conveniencia de buscar el fuero militar ampliado mediante un proyecto de ley o un acto legislativo, surgi luego de que se iniciara la discusi n del llamado Marco Legal para la Paz.

El proyecto, de autor a del senador Roy Barreras, fue puesto en el ojo del hurac n luego de que trascendiera a los medios de comunicaci n que en el art culo segundo, modificaci n del 122 de la Constituci n Pol tica, se dejaba abierta la puerta para que los desmovilizados pudieran participar en pol tica.

Fue tanta la oposici n que Carlos Edwar Osorio, coordinador ponente de la iniciativa en la C mara de Representantes, decidi retirar el art culo y dejarlo para los siguientes debates.

Luego de que la iniciativa se repusiera de las primeras embestidas declaraciones de representantes, cartas de exparamilitares y trinos de Uribe , vino la segunda andanada contra el proyecto. Algunos parlamentarios empezaron a advertir que en el art culo 1 se inclu a la posibilidad de que los miembros de la Fuerza P blica que hubieran participado de las hostilidades podr an acceder a un proceso de suspensi n de la acci n penal del Estado, es decir, una suerte de amnist a que cobijaba a todos los actores del conflicto armado.

Sin embargo, los opositores perdieron el pulso y el pasado mi rcoles fue aprobado en la plenaria de C mara tal como ven a de la Comisi n Primera de esta corporaci n.
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